Un fallo del juez Roberto Gallardo le ordenó al Gobierno porteño facilitar el acceso al subsidio habitacional a unas 222 personas travestis y trans en riesgo de situación de calle. Pero más de dos meses después, la administración de Horacio Rodríguez Larreta continúa desoyéndolo.
A comienzos de mayo de este año el Defensor Oficial del Pueblo, Pablo de Giovanni, junto con el Programa de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa y con el apoyo de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y 100% Diversidad y Derechos, presentaron un recurso de amparo para exigir que se les otorgue acceso prioritario a los subsidios para vivienda a las personas travestis y trans. El fallo surgió a partir del caso de cuatro mujeres trans que vivían hacinadas en el hotel “El Gondolin” del barrio de Villa Crespo. Aunque el juez que intervino en primera instancia dispuso que la medida sólo podía alcanzar a las cuatro demandantes, se apeló y la Cámara indicó que el recurso debía valer para todas las personas travestis y trans que acrediten la dificultad en el acceso a la vivienda. La medida fue remitida al juez Roberto Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2 de la Ciudad que ordenó lanzar una convocatoria.
Fue en ese momento cuando Marcela Tobaldi, coordinadora de la asociación La Rosa Naranja y trabajadora del Ministerio Público de la Defensa, comenzó a reunir a personas de la comunidad travesti y trans para inscribirse al amparo colectivo. “Comenzamos a realizar las declaraciones juradas y los trámites para ingresar a las personas trans que están en riesgo de situación de calle. Íbamos de a cuatro o cinco y llegábamos puntuales para que no nos hagan esperar, así fue durante semanas”, cuenta Marcela a El Grito del Sur en una oficina de la Defensoría en pleno barrio de Constitución.
El subsidio habitacional supone un monto de cinco mil pesos mensuales para personas solas, pero el Gobierno porteño cada vez pone más limitaciones para obtenerlo: entre otras, que quienes lo soliciten tengan al menos dos años de residencia en la Ciudad. Además, si bien se le da prioridad a personas mayores con hijos menores de edad o con alguna discapacidad, el colectivo travesti-trans no cuenta con esa facilidad a partir de la discriminación estructural a la que está expuesto.
“La intención de esta medida era acortar las dificultades teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas travestis y trans”, aporta Marcela sobre el fallo y explica que muchas personas travestis y trans ni siquiera tienen DNI para comenzar el trámite. “Dentro del grupo de personas que se presentaron habían madres travestis con hijos que viven en pésimas condiciones, en hoteles precarios o casas tomadas, sin los servicios mínimos, sin agua caliente y ni siquiera fueron capaces de tomar las particularidades de esos casos”.
Marcela, al igual que las 222 personas que se presentaron al amparo, tenían la esperanza de que esta medida sirviera para resarcir una parte de tantas décadas de marginación. Sin embargo, luego más de dos meses siguen sin obtener respuesta por parte del Gobierno. “Si vamos a lo judicial un amparo debería estar dentro de los siete días y llevamos más de dos meses”, dice la militante de La Rosa Naranja.
La discriminación, la marginación y el incumplimiento de la Ley de Cupo Laboral genera que el 85% de las personas travestis y trans estén en la informalidad, lo que a su vez imposibilita el ingreso a cualquier sistema de préstamos o crédito. Además dificulta la posibilidad de alquilar y las lleva a vivir en hoteles con muy malas condiciones pagando tarifas muy altas. “El acceso a la vivienda para las personas travestis trans es una deuda de la Ciudad de Buenos Aires. No hay políticas pensadas especialmente para la comunidad”, afirma.
El último censo popular de Personas en Situación de Calle dio como resultado 42 casos de travestis y trans en situación de calle. Los pocos dispositivos que existen en la Ciudad de Buenos Aires (el Frida, el Azucena Villaflor y el Hogar de Cristo) tienen un cupo limitado, y con las bajas temperaturas no dan abasto, dejando a la mayoría de las personas en lista de espera. “No tenemos herramientas directas para sacar a las compañeras de la calle, son procesos largos. Muchas tienen problemas con consumos problemáticos y con la salud. Algunas terminan en un hospital, pero cuando salen están en la misma situación. Es un gran problema del que no tenemos salida, por eso nuestro promedio de vida es de 35 años. Las condiciones se tornan tan hostiles que las compañeras terminan falleciendo”, describe Tobaldi.
Como explicó este medio, a partir de la derogación de los edictos policiales las identidades travestis y trans fueron fuertemente criminalizadas a través de la ley de estupefacientes, situación que pervive hasta el día de hoy. “Las fuerzas de seguridad son parte del negocio de la droga y la prostitución. Hay muchos actores en el sistema prostituyente, pero la que es perseguida, violentada y encarcelada es la persona trans, que es la parte más vulnerable. El putero pasa de largo y la fuerza de seguridad se lleva su tajada. Hoy en Constitución la policía cobra a las personas trans para trabajar a cambio de un supuesto ‘cuidado’ y si ellas no quieren aceptar el acuerdo las violentan y las detienen. El putero se va tranquilo a su casa, porque puede ser un diputado en una 4×4, puede ser tu papá, puede ser mi hermano. Puede ser cualquier varón cis con privilegios”.
Frente al panorama de exclusión, que se recrudece con la crisis económica, el colectivo travesti trans ha tejido una red de generosidad y ayuda mutua. Sin embargo, siguen exigiendo la reglamentación de la ley de cupo laboral travesti trans que María Eugenia Vidal no aplica en la Provincia de Buenos Aires y la sanción de la Ley Nacional Diana Sacayán para que el 1% de los puestos laborales del Estado sean asignados a las personas travestis y trans en todo el territorio argentino. “Esta ley no requiere de presupuesto, solo de puestos de trabajo que todo el tiempo son necesarios”, argumenta Marcela. “Espero que en el caso de volver a tener un gobierno popular sea una de las primeras leyes que sancionen. Así como en el 2012 la Ley de Identidad de Género nos sirvió como un trampolín para saltar a los demás derechos, esperamos el derecho más negado y el más necesitado que es el derecho al trabajo formal”.
Fuente : http://elgritodelsur.com.ar/2019/07/amparo-vivienda-travesti-trans.html