Contexto Social
Para la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, las mujeres trans enfrentan patrones estructurales de violencia cisnormativa en toda la región de América Latina y el Caribe. La mayoría de las mujeres trans se encuentran inmersas en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización que comienza desde muy temprana edad, por la exclusión y la violencia sufrida en sus hogares, comunidades, centros educativos y son particularmente vulnerables a la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad.
Este patrón estructural de discriminación cisnormativa y la obligación del estado de tomar medidas para prevenirlo y reparar sus consecuencias empiezan a ser lentamente reconocidos por el Poder Judicial. En un reciente fallo el Juez Víctor Trionfetti, titular del Juzgado N°15 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, definió como «Discriminación existencial» el tipo de violencia que sufre la población trans y condenó al Gobierno de la Ciudad a otorgarle un subsidio a una mujer trans, como reparación de los daños y perjuicios que padeció por la discriminación y violencia institucional generalizada, constante y directa con un estado ausente y promotor de la misma a través de sus funcionarios policiales. De acuerdo al Juez, «la actora sufrió y sufre una discriminación existencial. Los ultrajes y estigmatizaciones padecidos han sido múltiples, continuos y han asfixiado su ser desde siempre. Su derecho a obtener una contención, por vía de la tutela jurisdiccional, es nítido ante la omisión del estado en permitirle transcurrir el resto de sus años con un mínimo de dignidad.»
De acuerdo a un estudio del INDEC, los hechos de discriminación y la violencia por prejuicio contra las identidades de género no normativas. En Argentina, a pesar de los importantes avances legales, se ha reproducido el mismo patrón regional de violencia cisnormativa.
Estas prácticas sumadas a las condiciones de desigualdad y pobreza, generan obstáculos en el acceso a derechos básicos como: el derecho a la identidad, la justicia, la educación, el trabajo, la vivienda y la salud. Como consecuencia de esta discriminación estructural, la expectativa de vida de la población trans en Argentina es de 35 años.