Por Verónica Ferrari
Guillermo Sandoval Agurto tenía 68 años y había trabajado muy duro para ser reconocido como uno de los mejores estilistas de Lima, el de “las estrellas”. El sábado 18 de mayo, sus hermanos, preocupados porque todo el día no había dado señales de vida, se acercaron a su departamento y lograron ingresar. Dentro lo encontraron semidesnudo, con las manos y piernas amarradas, la boca tapada y diversos cortes de arma blanca en el tórax. También había sido golpeado y estrangulado.
El vigilante del edificio en donde vivía señaló a la Dirección de Homicidios que Guillermo había ingresado el viernes en la noche con tres jóvenes. Ellos se habían retirado con paquetes y riendo, avanzadas las 3 de la mañana del día siguiente. Desde ahí no se sabía nada más del maquillador.
Jheinser Pacaya, activista gay del Movimiento Nuevo Perú, dijo a Presentes que “en situaciones de incremento de la inseguridad ciudadana, son las poblaciones que están en abandono legal las que terminan siendo más vulnerables frente a la violencia. El intento de derogación del Decreto Legislativo 1323, que sancionaba los crímenes de odio, dejó en pausa la posibilidad de que la población LGTBI pueda ser protegida, y que incluso las investigaciones fiscales o policiales incluyan el enfoque de género, de derechos y de diversidad sexual en sus pesquisas, para no terminar viendo casos como los de ahora, en donde rápidamente se puede dar por cerrada una investigación, no quedan registrados estos casos como violencia homofóbica y seguimos sin contar con data oficial sobre lo que sucede con nuestras vidas”.
La indefensión social y legal de la población LGTBI termina invisibilizando los crímenes de odio a esta comunidad. Hasta el momento no existe ningún marco legal de rango constitucional que pueda protegerlxs.