Por Emy Padilla, desde Tegucigalpa
En los últimos días fueron asesinadas en Honduras tres mujeres trans, entre ellas la defensora de derechos humanos Bessy Ferrera, y un hombre bisexual. También se produjo una tentativa de homicidio contra otra chica trans.
Los nuevos crímenes de odio, con los que ya se acumulan 21 casos en lo que va del año, comenzaron el 3 de julio con Antonia Laínez Larios (38) asesinada con arma de fuego la madrugada de ese día en una calle del municipio de El Negrito, en el norteño departamento de Yoro. Antonia era una reconocida estilista de la zona.
Los violencias continuaron la noche del sábado 6 de julio con el crimen de Santi Hernández Carbajal (32), una comunicadora social que conducía un programa en un canal de televisión. Santi fue asesinada de múltiples disparos de arma de fuego en la ciudad de Puerto Cortés, también en la zona norte de Honduras. Y en menos de 36 horas, se registró en la Segunda Avenida de Comayagüela, en el Distrito Central, el crimen de Bessy Ferrera (40), una activista de las personas VIH, desde hace trece años. Bessy fue ejecutada de un balazo en el abdomen, entre la 1:30 y 2:00 de la madrugada del lunes 8 de julio cuando ejercía la prostitución junto a otras tres compañeras. En el hecho resultó herida de varios impactos de bala otra mujer trans y las otras dos compañeras salieron huyendo de los agresores.
Las horas de la mañana transcurrieron cuando a eso de la 1:00 de la tarde del mismo lunes ocho de julio, se registró el crimen de un joven bisexual de 27 años, en la colonia Oswaldo López Arellano, uno de los sectores más conflictivos de la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras. La víctima recibió varios impactos de bala.
Antes del golpe de Estado de 2009, los ataques a personas LGBT+ eran de policías, militares y otros agentes estatales, por delitos como violación, asesinato, secuestros, extorsión, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, dijo a Presentes Indyra Mendoza, fundadora de la Red Lésbica Cattrachas. Sin embargo, ahora los crímenes se cometen además por miembros de maras y pandillas, taxistas, guardias de seguridad privada, clientes y jornaleros.
Bessy Ferrera, una defensora de los derechos humanos
Para la Red Lésbica Cattrachas, el crimen de Bessy Ferrera se torna en un caso emblemático porque a lo largo de su vida ejerció defensoría de derechos humanos, especialmente a favor de las personas VIH positivas y personas trans, trabajo que inició en el año 2006.
Ella luchó porque las personas VIH positivo tuvieran acceso a los tratamientos antirretrovirales y para que no fueran discriminadas en los centros de salud. Formó parte, además, de investigaciones internacionales como “No vales ni un centavo” de la Human Rights Watch, con datos de 2004 al 2009. Asimismo, de una campaña mundial de Amnistía Internacional, después de haber sido golpeada por agentes policiales en diciembre de 2008.
Bessy laboró de manera intensa en la defensa de los derechos humanos por ocho años ininterrumpidos y fue una de las primeras personas en pedir la ciudadanía plena de las personas trans, lo que hoy en día se conoce como ley de identidad de género. Después de su agresión y constantes amenazas, migró a Guatemala de donde regresó a Honduras en el año 2017. Era hermana de Rihanna Ferrera, defensora de derechos humanos de la organización Cozumel Trans.
Como parte de esa violencia, Rihanna recordó que ella fue víctima de un secuestro temporal para exigirle que revelara la ubicación de su hermana.
“Desde que inició el año la comunidad trans hemos venido sufriendo una serie de ataques, por defender, por exigir derechos”, dijo a Presentes Rihanna Ferrera, quien además manifestó sentirse indignada y que el asesinato de su hermana la hará más fuerte para seguir luchando por los derechos de las personas trans.
Rihanna, lamentó que la justicia hondureña no haya hecho nada en el caso de su hermana y sobre la denuncia que ella interpuso ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia
En medio de la consternación, recordó que hace poco una mujer trans fue quemada viva en el municipio de Villanueva, Cortés, mientras otra en Roatán, Islas de la Bahía, fue apuñalada y luego le echaron un vehículo en marcha hasta asegurarse que estaba muerta.
“A otra compañera la secuestraron, la golpearon a patadas y luego la mataron”, siguió relatando la defensora de las personas trans.
Violencia sistemática
Nahil Zerón, defensora LGBT de la Red Lésbica Cattrachas, dijo que la mayoría de los casos registrados en la última semana son de mujeres trans y que la inexistencia del Estado para garantizar los derechos a este grupo poblacional hace que este tipo de violencia sea sistemática. A su juicio, la falta de una ley de identidad de género hace que el Estado excluya a las mujeres trans y que el único espacio para que éstas tengan un ingreso económico, sea a través de la prostitución.
En los últimos años se ha introducido en tres oportunidades al Congreso Nacional, proyectos de ley encaminados a establecer una normativa de identidad de género.
Los miembros de la diversidad sexual interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 112 de la Constitución de la República, sobre el matrimonio entre las personas del mismo sexo, para el cambio de nombre y cambio de género y al artículo 116 sobre la adopción. La Corte aún no ha emitido el fallo.
Historia de impunidad
“Es importante aclarar que, aunque en este momento se está dando la muerte de estas personas, esto ha sido histórico en Honduras, siempre ha habido estos picos de asesinatos de tres, cuatro, cinco personas, en término de diez días o quince días y lo que queda es realmente una impunidad”, dijo a Presentes Indyra Mendoza, fundadora de la Red Lésbica Cattrachas.
El 96% de los crimines contra las personas de la diversidad sexual se encuentra en la impunidad, pese a que en el Ministerio Público funciona la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de las Personas LGBTI. La unidad especial no funciona y se ha convertido en un simple requisito internacional dictado por comités de derechos humanos, e implementado por el Estado hondureño, dijo Nahil Zerón.
El único trabajo de la unidad es el registro de casos y paradójicamente éste se circunscribe a la certificación que hagan organizaciones defensoras de derechos humanos como el caso de la Red Lésbica Cattrachas. Esto se hace por la inexistencia de la identidad de género.
A partir del golpe de Estado
En los últimos diez años, a raíz del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, la Red Lésbica Cattrachas contabiliza 327 crímenes contra personas de la comunidad LGBT. En seis meses posterior al golpe de Estado se contabilizó 30 crímenes, 13 de los cuales se cometieron contra mujeres trans y de los cuales nueve se registraron durante los toques de queda (suspensión de las garantías constitucionales).
El primer caso reportado fue el de la defensora transgénero, Vicky Hernández, quien fue víctima de una ejecución extrajudicial, la noche del 28 de junio de 2009, en San Pedro Sula, en el marco de un toque de queda (restricción de circulación). El caso de Vicky se conocerá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por considerar la falta de cumplimiento del Estado de Honduras, para esclarecer el crimen.
A partir del golpe de Estado de 2009, Indyra Mendoza habla de la época post impunidad, porque “el Estado permitió tanto el asesinato de las personas LGBTTI, con impunidad, que ahora cualquiera nos puede matar por el hecho de ser una persona sexo-género diversa”, manifestó.
Indyra añadió que en aquel entonces los crímenes de odio contra las personas trans y contra sus clientes eran cometidos en las calles por elementos de la Policía Nacional Preventiva, militares y policías municipales.
Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno
En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.
En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.
En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.
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“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.
Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse “abortivas”, según los alegatos de organizaciones fundamentalistas religiosas.